Liberal del Sur – Periodismo Trascendente Noticias de Coatzacoalcos y el Sur de la Región
Carrie Eisert, asesora de política de Amnistía Internacional sobre género, justicia racial y personas refugiadas y migrantes.
En marzo de 2020, mientras el mundo comenzaba a confinarse para responder a la rápida propagación de la Covid-19, el personal de Amnistía Internacional se esforzaba por realizar su primera evaluación de las obligaciones de los Estados en materia de derechos en el contexto de una pandemia global. Un torbellino de actividad y colaboración dio lugar a nuestra primera declaración pública el 12 de marzo, justo cuando decíamos adiós a la oficina, llevándonos nuestros ordenadores portátiles y desinfectante de manos, con un plan para trabajar desde casa concebido para sólo dos semanas.
Después de más de dos años de teletrabajo (en su mayor parte), estamos en disposición de compartir nuestro informe titulado “No hay ayuda para nuestra comunidad: El impacto de las respuestas de los Estados a la Covid-19 sobre grupos injustamente criminalizados”. Es el resultado de más de 20 meses de investigación participativa con más de 54 organizaciones dirigidas por la comunidad en 28 países, y explica cómo las respuestas gubernamentales que dieron lugar a multas, detenciones y encarcelamientos por no cumplir las medidas de salud pública tuvieron un impacto desproporcionado en las comunidades más marginadas y criminalizadas de la sociedad. Las consecuencias dañinas para grupos como las personas LGBTI en Zambia y Kirguistán, las personas dedicadas al trabajado sexual en Argentina y Francia, las consumidoras de drogas en México, y las que necesitaban abortar en india, son sólo algunas de las que figuran en el informe.
Desde el principio de esta investigación, tuvimos muy presente el desigual impacto de la pandemia de Covid-19 en determinados grupos, así como los problemas de estigmatización y discriminación. Nos sirvieron de guía una serie de preguntas sobre las posibles consecuencias de las medidas represivas relacionadas con la Covid-19: ¿A quién afectarían más las prohibiciones y restricciones de viajar? ¿Las personas en situación de pobreza o sin hogar tendrían la capacidad de cumplir las órdenes de “quedarse en casa” sin los recursos necesarios para ello? ¿Cuáles serían los impactos para las personas con necesidad de acceder a servicios específicos de atención de la salud, como servicios de aborto, tratamientos de desintoxicación, de afirmación de género o para el VIH?
Sobre la base de los motivos de preocupación en materia de derechos humanos que surgieron en anteriores epidemias, sabíamos que el hecho de que los Estados utilicen políticas punitivas para lograr objetivos de salud pública rara vez constituye una estrategia exitosa,
Así volvió a quedar de manifiesto. Nuestra investigación muestra que, en gran medida, los gobiernos no aprendieron de anteriores emergencias de salud pública la importancia de respetar los derechos humanos y colaborar con las comunidades para generar confianza y solidaridad.
Amnistía Internacional pide a los gobiernos que sitúen los derechos humanos en un lugar central en todas las futuras repuestas a pandemias. Estas son las cuatro lecciones principales que se deben aprender.
No emplear el castigo para fomentar la salud pública
Los gobiernos dieron prioridad al castigo frente al apoyo y emplearon a las fuerzas de seguridad para hacer cumplir las normas de salud pública, lo que implicó que las personas que no podían aislarse fácilmente y “quedarse en casa”, como las personas sin hogar o las dedicadas al trabajado sexual que necesitaban salir para trabajar, quedaron aún más expuestas a sufrir criminalización y toda una serie de abusos contra sus derechos humanos por parte de las autoridades.
Garantizar que todas las personas reciben apoyo
Los servicios de aborto, contracepción, afirmación de género y reducción del daño para personas consumidoras de drogas son servicios de atención médica esenciales. Sin embargo, el hecho de que los gobiernos no los trataran de ese modo durante la pandemia conllevó que las personas que los necesitaban se enfrentaran a obstáculos innecesarios y que se les negara el apoyo que les habría permitido mantenerse seguras y cumplir mejor las restricciones por la Covid-19.
Abordar los factores que refuerzan la marginación y la exclusión
El estigma asociado a la criminalización dio lugar a que se responsabilizara a muchas comunidades marginadas de propagar el virus, lo que a su vez desanimó a muchas personas a buscar atención médica y protección social por temor a ser juzgadas, arrestadas, detenidas o castigadas de alguna otra manera.
Garantizar la participación activa de las personas y comunidades marginadas
La criminalización injusta obstaculizó la consulta genuina a personas y organizaciones así como su participación, cuando sus conocimientos y experiencias podrían haber contribuido a configurar y mejorar las respuestas a la pandemia. Centrar la atención en proteger los derechos humanos beneficiaría a la salud y el bienestar de todas las personas.
¿Usted qué opina?
Fuente: https://www.www.amnesty.org
¡Ahora que lo sabes, haz valer tus derechos! cultura.legal19@gmail.com
Gabriel Alberto Ramírez Nazariego
