Liberal del Sur – Periodismo Trascendente Noticias de Coatzacoalcos y el Sur de la Región
¿Para qué se hace la reforma judicial? Para tratar de construir un mejor sistema de impartición de justicia.
Desde hace muchos años existe un reclamo del pueblo mexicano por un mejor sistema de impartición de justicia. El derecho que tiene toda persona —establecido en el artículo 17 constitucional— para que se le administre justicia, pronta, completa, imparcial y gratuita, se ha venido quedando como una legítima aspiración, casi siempre incumplida.
La percepción ciudadana respecto de los juzgadores en lo general no es positiva. Lo anterior no es un problema privativo de México, puesto que es una constante en muchos países democráticos. Sin embargo, es un hecho evidente.
México es un Estado federal —compuesto de estados libres y soberanos, así como por la Ciudad de México—; en el cual se brinda el servicio público de impartición de justicia a través del Poder Judicial de la propia Federación, así como los de las 32 entidades federativas.
La reforma constitucional de 2024 a la estructura de los Poderes Judiciales es trascedente, pues modifica las reglas para que —de ahora en adelante— se elijan mediante el voto popular a todos sus juzgadores.
Mucho se ha discutido de esta enmienda constitucional, surgiendo preguntas como: ¿La reforma ayudará a arribar a una mejor justicia? ¿Qué tiene que pasar para tener un mejor sistema de justicia?
Y es que si se hiciera una aglutinación de todos conflictos jurisdiccionales que están en trámite en los tribunales —de todas las especialidades y sin importar su carácter federal o estatal— encontraríamos que 40% de ellos son de índole familiar y 30% adicional, de carácter civil. El 30% restante, son todos los demás juicios de diversas materias: penales, laborales, administrativos, fiscales, etcétera.
En pocas palabras, lo anterior se puede traducir en el sentido de que la impartición de justicia en el país se encuentra congestionada por conflictos entre familiares, examigos, vecinos y exsocios.
Hay que aceptar que la impartición de justicia no va a mejorar por el sólo hecho de sustituir a los actuales juzgadores por otros electos mediante voto ciudadano directo.
El sistema debe aprovechar la reforma para crear una nueva cultura que tienda a resolver los conflictos sociales, sin recurrir a la práctica común de acudir a los tribunales.
Necesitamos modificar la visión de la justicia y fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias. El mismo artículo 17 constitucional los prevé, y además dispone que las autoridades deberán privilegiar la solución de conflictos por encima de los formalismos procedimentales.
Los medios alternativos de solución de controversias deben ser una nueva ruta de atención para un gran sector de la población —que por distintas circunstancias— la justicia tradicional y ortodoxa ha demostrado que no puede brindarles.
La reforma constitucional en materia judicial en las entidades federativas es una oportunidad para perfeccionar la administración de justicia; hacerla accesible a todas las personas; regenerar el tejido social y fortalecer el Estado de derecho, clave para el desarrollo social y económico de nuestra nación.
El diagnóstico de la reforma constitucional debió comenzar por las entidades federativas. Por dar un ejemplo, en 2023, ingresaron a los órganos jurisdiccionales federales 16 mil 001 causas penales; en tanto que en los órganos de los poderes judiciales estatales se procesaron 254 mil 535 causas de esta índole.
Cuando tratamos de responder la pregunta: ¿Para qué se hace la reforma judicial? La respuesta debe ser: para tratar de construir un mejor sistema de impartición de justicia.
Como Corolario la frase de Albert Einstein: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.
