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Tras la actuación de policías en una manifestación, que dejó 13 lesionados, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo emitió una recomendación a la presidencia municipal de Benito Juárez.
El oficio VG/BJ/391/11/2020 es en favor de las 13 personas que resultaron lesionadas durante la manifestación que fue dispersada por elementos de la policía estatal, ocurrida el 9 de noviembre.
Colectivos de mujeres se congregaron en el ayuntamiento para exigir justicia por el feminicidio de la joven Alexis; sin embargo, tras pintas de las manifestantes, policías dispararon al aire para dispersar la protesta.
AGRESIONES A MANIFESTANTES
De acuerdo con la Comisión de los Derechos Humanos, fue el secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, al mando de la Policía Quintana Roo, quien ordenó dispersar la manifestación con armas.
Por esta represión, policías lesionaron con un arma a dos reporteros y a una manifestante. Además amenazaron y golpearon a un gran número de participantes, “realizando un uso ilegal y desproporcionado de la fuerza”, aseguró la comisión.
Aunado a las agresiones en contra de manifestantes y periodistas, indicó la comisión, hubo detenciones arbitrarias por parte de la corporación policíaca de Quintana Roo.
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
La recomendación resultó a favor de las 13 víctimas por violaciones al derecho humano a la reunión o manifestación y libre expresión; violación al derecho a la libertad y seguridad personal; violación al derecho a la integridad personal, en su modalidad de trato cruel y/o degradante; violación al derecho a la libertad de expresión en relación al derecho a la información.
Por lo que estas víctimas deberán recibir atención médica y psicológica, así como pago de perjuicios, estar en el registro de las víctimas ante la CEAVEQROO, iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa contra las autoridades responsables y aplicar la sanción correspondiente, además de recibir una disculpa pública.
A partir de este martes, se tiene un plazo de cinco días hábiles para que la autoridad informe la respuesta de aceptación o no aceptación y, posteriormente, en caso de haber sido aceptada, enviar las pruebas iniciales de cumplimiento.
AGENCIAS/CANCÚN
